A diecisiete trabajadores migrantes se los llevaron el mes pasado de una casa en Lisbon que la Patrulla Fronteriza llamó “peligrosa y degradante.”
Se podrían usar las mismas palabras para describir las políticas, oficiales y no oficiales, que se aplican a los trabajadores indocumentados, que desempeñan un papel imprescindible en nuestra fuerza de trabajo hasta el momento en que son detenidos y tirados en un sistema judicial que apenas reconoce sus derechos.
Aunque por lo general son víctimas, son tratados como criminales, mientras que los verdaderos malos actores—los negocios que explotan a sus trabajadores y los funcionarios elegidos que permiten esta situación—salen ilesos.
La situación es inhumana, y contradice los valores americanos. Sin embargo continúa, en gran medida porque a muchas personas les beneficia.
Los que menos se benefician son los trabajadores mismos. Los trabajos en EEUU pueden ofrecer más oportunidades que los de sus propios países—en el caso de los trabajadores de Lisbon, Guatemala y Nicaragua—pero su estatus migratorio los hace vulnerables. A muchos les pagan menos de lo que permite la ley, y a algunos son traficados de un lugar a otro para hacer trabajos temporales. Pero permanecen en silencio por miedo de ser descubiertos y deportados.
Aún a pesar de su situación precaria, los trabajadores indocumentados se han convertido en parte de nuestras comunidades. Más de 7 millones de los trabajadores indocumentados en el país trabajan, y constituyen el 4.4 % de la fuerza de trabajo aunque solo son el 3.2% de la población, según un informe del Center for American Progress.
El 25% de los trabajadores en los sectores de la agricultura, la pesca y la silvicultura son inmigrantes indocumentados. También lo son 1 de cada 5 de los que trabajan en jardinería, limpieza de casas, y construcción. Los inmigrantes indocumentados constituyen casi el 30% de los trabajadores agrícolas y los pintores de brocha gorda.
Durante la pandemia, 5 millones de inmigrantes indocumentados fungieron como trabajadores esenciales.
Según un estudio, los inmigrantes indocumentados pagaron casi $80 mil millones en impuestos federales y $41 mil millones en impuestos estatales y locales. Son dueños de 1.6 millones de hogares y pagan casi $50 mil millones en alquileres cada año. Contribuyen miles de millones de dólares cada año al Seguro Social y Medicare.
Sin embargo, todo eso puede desaparecer con una llamada a la migra (ICE), que se los puede llevar de sus casas, de sus trabajos, y de sus familias en un instante, tal como hicieron con los 17 trabajadores en Lisbon.
No se sabe qué va a pasar con ellos ahora. En el caso de Lisbon, las agencias federales no quieren revelar los nombres de los trabajadores ni el lugar en dónde estén detenidos. Esto inhibe cualquier esfuerzo por parte del público de saber cómo están, y de responsabilizar a las autoridades encargadas.
Tampoco quieren confirmar si están investigando a la compañía que los empleaba. La Patrulla Fronteriza se negó a dar el nombre de la compañía que empleaba a los trabajadores y los hospedaba en esa casa inadecuada. Sólo reveló que es “una compañía basada en Massachusetts.”
Esto es lo que ocurre comunmente. Los trabajadores son castigados mientras que a los empleadores se les permite seguir con su negocio, esperando al siguiente grupo de trabajadores que vendrá.
Este flujo de trabajadores baratos y explotables beneficia a los empleadores y dificulta mejorar el sistema. ¿Qúe les motivaría a concederle estatus legal a los trabajadores indocumentados cuando eso significaría tener que pagar salarios dignos y proporcionar mejores condiciones de trabajo para los migrantes, lo cual implicaría costos adicionales para los empleadores?
Es por esas mismas razones que el sistema migratorio permanece en esta situación desastrosa, aunque ambos extremos del sistema político reconocen que está roto. Los funcionarios elegidos tampoco quieren que desaparezcan los trabajadores baratos, y saben que sin los trabajadores indocumentados, industrias enteras se desplomarían.
Solo mire hacia el sector de agricultura, donde la falta de trabajadores ha traído enormes pérdidas cuando los finqueros se han visto obligados a dejar sus productos sin cosechar. Ahora imagínese que pasara lo mismo en los sectores de salud, servicios de comida, y construcción.
Casi parece que el sistema fuese creado para mantener a estos trabajadores imprescindibles en una posición vulnerable y fácilmente explotable.
Aunque una reforma integral en el Congreso parece improbable, se pueden hacer otros cambios que serían muy significativos.
Primeramente, las autoridades federales deberían ser más transparentes sobre sus acciones relacionadas a los trabajadores indocumentados. Sin importar su estatus, ellos tienen derechos, y el público tiene derecho a saber cómo los están tratando.
El Presidente Biden también debe cumplir su promesa de enfocarse menos en la deportación de trabajadores migrantes y más en la investigación de las violaciones laborales por parte de los empleadores.
El crimen real es la explotación de los trabajadores indocumentados, no su simple presencia en nuestras comunidades — y definitivamente no las contribuciones importantes que prestan a la economía.
Traducido por Avi Chomsky y Ema Chomsky. Ver la versión original del artículo aquí.
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